Presos políticos catalanes en pleno siglo XXI

La jueza de la Audiencia española Carmen Lamela ha decretado prisión sin fianza para los presidentes del ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados de un presunto delito de sedición por las movilizaciones del 20 y el 21 de septiembre. Los dos serán trasladados a la prisión de Soto de Real, a cuarenta kilómetros de Madrid. La magistrada entiende que hicieron un llamamiento a la ‘protección’ de los gobernantes con ‘movilizaciones multitudinarias’, y no a una manifestación pacífica. La denuncia por un presunto delito de la sedición, la hizo la fiscalía española después de las concentraciones a raíz del golpe de estado contra la Generalitat del 20 de septiembre. Más tarde, la causa se amplió a los hechos del referéndum del primero de octubre. El delito de sedición es penado con un máximo de diez años de prisión.

Según la jueza, Sànchez y Cuixart se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, pero ‘planteando diferentes opciones que los convenían exclusivamente para sus finalidades políticas’. Añade: ‘Nunca aceptaron aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir riesgos. Este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez’.

Contra las movilizaciones populares

En la interlocutoria, la jueza recoge declaraciones de Sànchez de aquellas jornadas como por ejemplo ‘que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa’, o que tan él como Cuixart hicieron un llamamiento a ‘la movilización permanente’ subidos arriba de un coche de la Guardia Civil. También dice que los concentrados ‘pincharon ruedas y destrozaron varios coches patrulla’, impidieron los agentes e integrantes de la comitiva judicial abandonar los edificios que se estaban registrando, y otros ‘se sentaron sobre el asfalto ante coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad’. Añade que otros concentrados empujaron ‘ a los agentes y bloquear la salida de un vehículo de la Guardia Civil’.

Como ya hicieron en la primera declaración, el 6 de octubre, Sànchez sólo ha contestado las preguntas de su abogado, mientras que Cuixart se ha acogido al derecho de no declarar. Según el último informe de la Guardia Civil, los dos fueron responsables de ‘alentar a la masa’ con un llamamiento a protestar ante el Departamento de Economía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en protesta por el golpe de estado contra la Generalitat y hasta que los miembros del gobierno detenidos fueran liberados.

La fiscalía también había pedido prisión sin fianza por la intendenta de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana y el mayor de cuerpo, Josep Lluís Trapero. Pero en estos casos ha evitado encarcelarlos y los ha impuesto medidas preventivas: la prohibición de salir del estado español, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer al juzgado cada quince días y de estar localizables telefónicamente.

Presos políticos catalanes en pleno siglo XXI

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